Cronología del polémico Archivo de Salamanca

Desde su incautación durante la Guerra Civil por las tropas de Franco a la Generalitat republicana hasta la actualidad la polémica siempre ha rodeado a los 'papeles de Salamanca':

FRANQUISMO

Julio de 1939: Con el fin de la Guerra Civil, parte de Barcelona un tren con 12 vagones cargados de documentos. Estos, en su mayoría pertenecientes a instituciones y particulares catalanes, serían utilizados por el régimen franquista para averiguar datos, principalmente políticos, sobre sus propietarios.

1940: Los documentos expropiados se envían a la Delegación Central de Recuperación de Documentos, en Salamanca. Allí se pretende que formen parte de las fuentes de información del 'Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo'.

1977: Todos los documentos se adscriben al Ministerio de Cultura.

UCD

1979: Se crea, dentro del Archivo Histórico Nacional, en Salamanca, una sección sobre la Guerra Civil, en la que se incluye parte de los fondos incautados por las tropas de Franco en Cataluña.

PSOE

1983: El Ministerio de Cultura y la Generalitat llegan a un acuerdo para microfilmar los documentos, en total 507 legajos, con el fin de que el 'Arxiu Históric Nacional de Catalunya' reciba las copias de todo el material y los originales permanezcan en Salamanca. Los 'papeles de Salamanca' incluyen documentos de los departamentos de Defensa y Justicia de la Generalitat desde 1932 hasta 1939, entre ellos, material relacionado con el Estatuto de Autonomía.

1992: La Generalitat denuncia que sólo ha recibido microfilms de la mitad de los legajos.

17 de marzo de 1995: El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra Carmen Alborch, acuerda devolver a Cataluña los archivos de la Generalitat confiscados por las tropas franquistas. El PP critica la medida.

25 de abril de 1995: El alcalde de Salamanca entrega a la ministra Alborch más de 97.000 firmas contra el traslado de los documentos a Cataluña.

Noviembre de 1995: El Ministerio de Cultura decide crear la Junta Superior de Archivos para decidir sobre los conflictos surgidos en este sector.

Enero de 1996: Alborch nombra una comisión de expertos para estudiar los documentos reclamados por la Generalitat.

PP

Marzo de 1996: Tras el triunfo electoral del PP, la nueva ministra de Cultura, Esperanza Aguirre, afirma que al archivo de Salamanca "no le sobran documentos".

28 de mayo de 1996: El Congreso de los Diputados, a propuesta de ERC, acuerda nombrar una comisión de expertos que en seis meses deberá emitir un dictamen sobre los papeles de Salamanca.

27 de noviembre de 1996: La Junta Superior de Archivos remite el informe de la comisión de expertos al Congreso. Dicho informe recomienda la creación de un 'Archivo de la Guerra Civil' en Salamanca y que aquella documentación que no sea de la Guerra Civil se devuelva a Cataluña en forma de depósito y sin que el Estado pierda la titularidad. La subdirectora general de Archivos, Margarita Vázquez de Prada, dimite por su disconformidad con el dictamen.

12 de marzo de 1999: El Gobierno crea, mediante un Real Decreto, el Archivo General de la Guerra Civil Española, tomando como núcleo documental el existente en la sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional de Salamanca.

17 de junio de 1999: Se constituye el Patronato del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca.

4 de septiembre de 2000: La ministra de Cultura, Pilar del Castillo, asegura que los documentos "no se moverán" de Salamanca y que el Gobierno sólo se plantea devolver algún legajo "que no rompa la globalidad de este fondo histórico".

6 de noviembre de 2000: El Pleno del Patronato del Archivo de la Guerra Civil Española aprueba la constitución de la comisión técnica encargada de redactar un informe sobre la posibilidad de realizar un depósito en Cataluña de algunos documentos del Archivo de Salamanca. Estará integrada por cuatro miembros, dos del patronato y otros dos a propuesta de la Generalitat catalana.

Junio de 2002: La comisión técnica creada por los gobiernos central y catalán finaliza sus trabajos sin acuerdo y con dos dictámenes separados, el emitido por los dos historiadores nombrados por el Patronato de la Junta de Archivos, Carlos Dardé y Antonio Morales, que aboga por mantener los documentos en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca; y el de los historiadores nombrados por la Generalitat, Borja de Riquer y Joan B. Culla, que proponen depositar en el Archivo Histórico Nacional de Cataluña todos los documentos anteriores a 1936 relacionados con esta comunidad.

22 de julio de 2002: El Patronato del Archivo General de la Guerra Civil rechaza el traslado de documentos a Cataluña, decisión que justifica por la necesidad de preservar la unidad del archivo en consonancia con las recomendaciones de la Unesco. El Ministerio y la Junta de Castilla y León dan por cerrado el asunto, en tanto que la Generalitat anuncia su intención de recurrir.

15 de octubre de 2002: Mas de 4.500 personas se manifiestan en Barcelona junto a dirigentes de CiU, ERC, PSC e ICV para reclamar el retorno de 'papeles' a Cataluña.

17 de febrero de 2004: Las Cortes de Castilla y León, con el apoyo de PP y PSOE, reclaman al Gobierno que salga de las elecciones del 14 de marzo que promueva la unidad del Archivo de Salamanca.

PSOE

2 de mayo de 2004: Los grupos parlamentarios de CiU, ERC e IU-ICV presentan sendas iniciativas en el Congreso en las que piden al Gobierno que autorice la devolución a Cataluña de los fondos documentales de la Generalitat republicana depositados en Salamanca.

18 de mayo de 2004: El Congreso de los Diputados aprueba -con el voto en contra del PP y la abstención de CiU- una proposición no de ley socialista que insta al Gobierno a negociar con la Generalitat para resolver el contencioso. Dicha negociación deberá comenzar en el plazo de un mes y la decisión final sobre el destino de los 'papeles' se tomará antes de que acabe el año. Ese mismo día, el PP catalán pide el retorno de los documentos a Cataluña.

2 de junio de 2004: El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se compromete a "hacer efectivo" el acuerdo que se alcance sobre el Archivo de Salamanca.

22 de junio de 2004: El Parlamento catalán aprueba, con el apoyo de todos los partidos, una proposición no de ley que exige al gobierno catalán que lleve a cabo las actuaciones oportunas ante el Gobierno central para conseguir el retorno de los papeles de Salamanca en esta legislatura.

3 de noviembre de 2004: El pleno del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil Española aprueba la lista de 18 expertos -historiadores, archiveros, intelectuales y juristas- encargados de asesorar al Ministerio en el contencioso de los papeles de Salamanca.

23 de diciembre de 2004: El Comité de Expertos recomienda devolver a Cataluña los documentos que le fueron incautados durante la Guerra Civil. El informe, aprobado con el voto a favor de 14 de los 17 miembros del Comité y la abstención de los otros tres (los designados por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad de esa ciudad), considera "justas y legítimas" las razones que avalan la devolución de los 'papeles'. Dicho informe no es vinculante.

18 de marzo de 2005: El Consejo de Ministros acuerda interponer recursos de inconstitucionalidad contra las dos leyes aprobadas por el Parlamento de Castilla y León para blindar el archivo nacional e impedir su disgregación.

7 de abril de 2005: Tras una reunión con la ministra de Cultura, Carmen Calvo, la consejera catalana, Caterina Mieras, anuncia la intención del Gobierno de aprobar el anteproyecto de ley sobre la devolución de los 'papeles' en el Consejo de Ministros del día 22 de abril, lo que provoca "indignación" en la Junta de Castilla y León, por ser esa fecha víspera del día de la Comunidad.

15 de abril de 2005: El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de restitución de los documentos incautados a la Generalitat de Cataluña que se encuentran en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, y la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica en esa misma ciudad. Ese mismo día, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, declara que la decisión del Consejo de Ministros es "otra versión" de la "eutanasia activa" con la que el Gobierno "ha anticipado la muerte del Archivo de Salamanca". Herrera reta a los diputados y senadores socialistas que representan a las provincias castellanoleonesas a que digan "qué van a hacer" en las votaciones.

26 de abril de 2005: La Mesa del Congreso rechaza tanto la petición del PP de paralizar la tramitación del proyecto del Gobierno de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, como la pretensión de las formaciones catalanas CiU, ERC e IU-ICV de agilizar su paso por el Congreso.

7 de mayo de 2005:El Ayuntamiento de Salamanca presenta ante el Juzgado Decano una demanda civil contra el Gobierno de la Nación con el objeto de obtener la tutela de la posesión de los fondos documentales que integra el Archivo General de la Guerra Civil. 11 de mayo de 2005: El PP presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional, contra la decisión adoptada por la Mesa del Congreso de los Diputados de no pedir al Gobierno que paralice el envío de documentos del archivo de Salamanca a Cataluña.

1 de junio de 2005: Un juzgado de Salamanca no admite a trámite el interdicto puesto por el Ayuntamiento contra el Gobierno para intentar retener los legajos.

8 de junio de 2005: La ministra de Cultura expone las bases del 'Centro de la Memoria', la idea del Gobierno que pretende acabar con la polémica. Carmen Calvo considera que el proyecto "da mucha dignidad a los salmantinos y castellanos y leoneses". El futuro centro será un "Archivo Estatal en Salamanca", denominación utilizada "adrede a fin de ir olvidando la denominación anterior", en clara referencia a la denominación de Archivo de la Guerra Civil de Salamanca.

Referencias

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